La pasada semana hemos conocido las cifras actualizadas de 2016 para el sector de la consultoría tecnológica en España, uno de los más importantes en términos de empleo y facturación para nuestro tejido empresarial. Un segmento de actividad que, después de unos años de auténtico descalabro coincidentes con la crisis económica, encadena ya tres años consecutivos de crecimiento en nuestro país.
Así, el pasado curso esta industria se anotó un 6,5% de incremento interanual, rondando unos ingresos de 11.818 millones de euros. Buena cifra sin duda alguna, acompañada a su vez de un aumento del 4,4% en el número de trabajadores (extremadamente cualificados en su mayoría), hasta rondar unos 150.000 empleos directos en el sector. Desde la patronal (la AEC, presidida por la exministra socialista Elena Salgado) no dudan incluso en sacar pecho y demandar que «el sector se comporta mejor que la economía española creciendo a un ritmo próximo al 5% mientras que la economía se mantiene en torno al 3%».
El sector empresarial, encantado
Desde la patronal no dudan incluso en sacar pecho y demandar que «el sector se comporta mejor que la economía española creciendo a un ritmo próximo al 5%Sin embargo, estos número guardan tras de sí algunas verdades menos bonitas que otras. Por lo pronto, este sector muestra todavía una enorme dependencia del ámbito financiero (29,7% del total facturado). También muestra un modelo de servicios muy heterogéneo pero muy ligado a la externalización de servicios para reducir costes o evitar asumir nuevos recursos propios (outsourcing, 44,8% del global) más que a actividades de desarrollo o de consultoría tecnológica de mayor valor añadido.
Y, como telón de fondo a este castillo de naipes, nos encontramos con el extenso expediente que la ComisiónNacional de Mercados y la Competencia (CNMC) tiene abierto en estos momentos contra once de las principales consultoras TIC de nuestro país (la AECaglutina a 25 en total). Software AG, Indra, Cibernos, Gesein, IBM, Atos, Connectis, Iecisa, Next, Axpe o Everis tienen actualmente la espada de Damocles del regulador sobre sus cabezas, al haberse encontrado supuestas pruebas de prácticas ilegales como la fijación de precios, el reparto de cuotas de mercado mediante pactos de no agresión en toda clase de licitaciones y concursos.
